Antonio Feijóo Miranda
Abogado
Este despacho ha presentado una reclamación en nombre de treinta propietarios de parcelas y viviendas integrantes de la Urbanización Coutada, en Celanova, todos ellos afectados por el lamentable estado en que se encuentra, carente en buena medida de los servicios e instalaciones urbanísticos básicos, tales como vialidad, aceras, electricidad, y suministros de agua y saneamiento.
La promotora de esta urbanización obtuvo licencias Urbanísticas de edificación para determinado número de viviendas unifamiliares, pero el Ayuntamiento no le exigió la constitución de un aval bancario para asegurar debidamente el cumplimiento del deber de urbanizar.
En su lugar, el Ayuntamiento permitió a la promotora constituir una hipoteca cuyo objeto son algunas de las parcelas sin urbanizar de la propia urbanización, en flagrante ilegalidad .
Sin haber llegado siquiera a completar la mitad de la obra urbanizadora, la promotora vendió las últimas casas construidas y se descapitalizó , omitiendo la regular y previa liquidación de su patrimonio, para quedar en situación de completa insolvencia.
Los adquirentes de las viviendas, y los de algunas parcelas que las habían comprado con la intención de edificar en ellas, quedaron, pues, en una situación de precariedad absoluta, sin los servicios y suministros básicos y esenciales.
Por si no fuera suficiente, y siendo conscientes los sucesivos Alcaldes del incumplimiento palmario del deber de urbanizar, no adoptan medida alguna para incautarse de la garantía, ni para exigir la debida responsabilidad a la Promotora.
Muy al contrario, habiendo la promotora solicitado licencias de primera ocupación para las viviendas construidas, de imposible otorgamiento precisamente por haber incumplido el deber de urbanizar, el Ayuntamiento guarda silencio ante esta petición y favorece así su aparente concesión por silencio, lo que hace posible formalizar las declaraciones de obra nueva y la venta de las viviendas a terceros.
Por toda actuación, se limitó la Administración a contratar a un abogado, a quien ni siquiera facilitó la documentación precisa para la ejecución de la hipoteca , y a quien pagó la mitad de sus honorarios sin que hubiera llegado siquiera a presentar la demanda.
Y, para colmo, contrata a dedo el actual alcalde la emisión de un Informe jurídico a dos funcionarios del Ayuntamiento de Ourense, en lugar de recabarlo de la Secretaria del Ayuntamiento, con intención de avalar la inamisible conclusión de que son los actuales propietarios de las viviendas , que de buena fe y confiando en la legalidad de la actuación administrativa, las adquirieron de la promotora, quienes deben responder ahora de los costes de la urbanización pendiente, que claramente superan los 400000
Este informe es encomendado casualmente a un abogado que tiene o ha tenido despacho en la propia sede de la Promotora, y es socio además del Arquitecto en su día designado por esta para redactar los proyectos de obra y dirigir la urbanización.
Por todas estas razones los vecinos han presentado una reclamación en exigencia de la responsabilidad patrimonial derivada del ilícito proceder de los Alcaldes del Ayuntamiento de Celanova que han ocupado este cargo desde el momento mismo en que se concedieron a la Promotora las licencias urbanísticas de obra .