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Cuando la administración se burla del ciudadano

Publicado: 21 de mayo de 2020, 11:45
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Una muy reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia estima el recurso interpuesto por el Abogado Antonio Feijoo Miranda contra el Ministerio de Fomento y reconoce el derecho a la reversión de los terrenos expropiados a un propietario para la construcción de la línea férrea de Alta Velocidad Ourense-Santiago, y que finalmente no fueron utilizados para esta finalidad al cabo de nueve años.

La sentencia pone fin a un auténtico calvario administrativo de este ciudadano, quien llevaba desde 2009 pidiendo sin éxito al Ministerio de Fomento la devolución de los terrenos. A pesar de que un cambio en el diseño del Proyecto hizo innecesaria esta expropiación, como lo demuestra el hecho de que esta línea de Alta velocidad lleva en servicio desde diciembre de 2011, el Ministerio no se dignó atender las constantes peticiones del expropiado. Lo  verdaderamente indignante es que, después de haberle expropiado, durante diez años le ha negado su condición de antiguo dueño de los terrenos como excusa para declinar su devolución.

Harto de la situación, interpuso recurso contencioso contra el Ministerio de Fomento, que acaba de ser estimado íntegramente por el Tribunal Superior de Justicia, cuya sentencia no ahorra críticas a la deplorable actitud de la Administración, a quien la Sala acusa de someter al ciudadano a “un proceso sin salida”, calificando de “un paso más en el absurdo” la contestación del Abogado del Estado a  esta demanda judicial.

Por si no fuera suficiente, y aceptando el Tribunal la argumentación de nuestro recurso,  reconoce que es inaceptable que el Ministerio se permita negar la reversión hasta  que los terrenos se declaren formalmente innecesarios para el Servicio ferroviario, cuando esta falta de necesidad es evidente y tácita por el hecho  de estar en funcionamiento esta línea de alta velocidad desde hace 10 años sin ocupación de los terrenos afectados.

En suma, un ejemplo paradigmático del desprecio, no inhabitual, de las Administraciones Públicas a los derechos de los ciudadanos.

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