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Compradores de buena fe obligados a pagar la demolición de sus viviendas

12/02/2020 · Noticias

La extrema injusticia de un Ayuntamiento irresponsable

Antonio Feijóo Miranda

Abogado

Como los ajusticiados a quienes se obliga a cavar su propia fosa, así trata el Ayuntamiento de Ourense a los adquirentes de las viviendas del edificio de Orcellón nº1 (Ourense). Vayan por delante las disculpas por la comparación, pero no he sabido encontrar otra que refleje mejor la sangrante injusticia a que se enfrentan estos vecinos, que en su día compraron los distintos pisos de este edificio en la confianza de su plena legalidad, en tanto que construido conforme a licencia municipal y debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad.

Una empresa decidió, para satisfacer intereses que solamente sus gestores conocen, recurrir en el Juzgado la licencia municipal, con el solo argumento de que el Plan General de Ordenación Municipal había sido declarado nulo  por sentencia judicial, al igual que el Estudio de Detalle aprobado por  el Ayuntamiento para esta calle y la denominada Rua Do Bierzo. Existe en estos casos un efecto dominó: Nulo el plan, nulas las licencias que se dieron y han sido recurridas.

La Sentencia, firme, anula la licencia por causas que son, pues, únicamente imputables al Ayuntamiento de Ourense: las que propiciaron la nulidad del PGOM de 2003 y del mencionado Estudio de Detalle.

El Ayuntamiento,  anulada la licencia, decide que el edificio entero debe demolerse: No es legalizable con el actual Plan General de Ordenación Urbana de 1986.

Cualquiera con un mínimo de sensatez se preguntará: Entonces, ¿el Ayuntamiento indemnizará a los vecinos? ¿Asumirá su responsabilidad por conceder una licencia declarada nula por los Tribunales y resarcirá los daños y perjuicios causados? ¿ Garantizará su realojo, así como el costes de adquisición de una nueva vivienda de semejantes  características?

Pues no,  no lo hará.  No solamente no está dispuesto a indemnizar, sino que, en el colmo de la iniquidad, la actual Junta de Gobierno Local obliga a los vecinos a costear la demolición de sus viviendas. No solamente no les compensa por su evidente responsabilidad, sino que pretende que sean las victimas de su manifiesta ilegalidad las que asuman las consecuencias del derribo.

Parece una broma de mal gusto, pero es la cruda realidad.

Al actuar así el Ayuntamiento viola los más elementales principios en materia de responsabilidad patrimonial, y además lo hace incumpliendo el deber legal de garantizar a todos los propietarios el pago de las indemnizaciones a que tienen derecho.

En fin, una actuación ilegal que intentaremos los Tribunales corrijan, pero sobre todo una actuación falta de  toda sensatez y de la más mínima sensibilidad por parte de los políticos y sus múltiples asesores a quienes la situación de estos vecinos, a lo que se ve, les trae sin cuidado.

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